Bernardo era Bravo de apellido y de convicción. En un estado como Michoacán, donde el crimen organizado ha extendido sus tentáculos al campo y los cultivos, denunciar la inseguridad y defender a limoneros era, innegablemente, un riesgo. El también presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán fue localizado sin vida al interior de una camioneta abandonada sobre una carretera de la localidad de La Tinaja.
La tarde del pasado lunes 20 de octubre, la Fiscalía General de Michoacán confirmó el hallazgo del cadáver del líder limonero, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense donde se determinó que la causa de muerte fue una herida por disparo de arma de fuego en la cabeza.
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Aunque el titular de la dependencia, Carlos Torres, declaró en entrevista con MILENIO Televisión que aún no se ha descartado ninguna línea de investigación acerca del homicidio, lo cierto es que Bernardo Bravo era un aguerrido defensor de los productores de limón en Michoacán, un negocio en el que diversas organizaciones delictivas han logrado infiltrarse.
“Como Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán (ACVA) reiteramos que esta lucha siempre será pacífica, legítima y organizada, llevamos más de 15 años intentando garantizar: un mercado con trazabilidad, ordenado y justo; seguridad para trabajar nuestra tierra sin miedo y condiciones dignas para todas las familias que dependen del limón mexicano. No daremos marcha atrás hasta que nuestras demandas sean escuchadas y atendidas”, se lee en una publicaciónrealizada por Bernardo Bravo en su página de Facebook tan solo cinco días antes de su asesinato.
Constantemente, el presidente de la ACVA convocaba a reuniones con productores y jornaleros de limón no sólo de Apatzingán sino de diversos municipios michoacanos como Aguililla, Buenavista, Tepalcatepec, Parácuaro, Mújica y Huacana.
Dichas entidades, además de compartir el cultivo de limón como una importante actividad económica, también acumulan una fuerte presencia criminal que ha orillado a líderes como Bernardo Bravo a organizarse para exigir a autoridades de los tres niveles de gobierno regulación y seguridad. Un clamor que no ha sido escuchado.
Los otros limoneros asesinados en Michoacán
El pasado mes de marzo, el mismo Bernardo Bravo anunció que 30 empacadoras de limón permanecerían cerradas en Apatzingán luego de haber recibido amenazas por parte de grupos delictivos que operan en la región.
"No es justo que se señale al sector como el responsable de no emitir denuncias, cuando los principales generadores de violencia en la región cuentan con orden de aprehensión", apuntó el líder de la ACVA.
Cerrar el famoso Tianguis Limonero de Apatzingán y frenar la producción del limón es una medida a la que constantemente se recurre para exigir que se garantice la seguridad de todos los involucrados en el sector agrícola toda vez que en el pasado se ha reportado el asesinatos o agresiones a empresarios, empacadores y jornaleros.
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Por ejemplo, en septiembre de 2024 una agresión armada terminó con la vida del empresario agrícola José Luis Aguiñaga en Buenavista, Michoacán. De acuerdo con reportes de medios locales, el asesinato fue vinculado al cobro de piso que Los Viagras han instaurado en diversos municipios del estado.
Una suerte similar corrió Rogelio Escobedo, propietario de una empacadora de limón en Nueva Italia que a finales de noviembre de 2024 fue atacado a balazos mientras transitaba por la carretera Apatzingán - Cuatro Caminos.
Dichos casos, sumados al reciente asesinato de Bernardo Bravo, han desatado indignación en los últimos meses, no obstante, son tan sólo la punta del iceberg de una dinámica criminal que arraigada en Michoacán desde décadas atrás, la cual no no sólo trastoca una de sus principales actividades económicas sino también la cotidianidad de sus habitantes.
Origen y dinámica del asedio extorsivo
Además de su ubicación geográfica estratégica en la ruta del Pacífico, la fertilidad de su tierra convirtió a Michoacán en un terreno de disputa para organizaciones delictivas que, más allá de sus negocios de trasiego de drogas, vieron en el limón y el aguacate la oportunidad de poner en marcha una de sus principales economías ilegales: la extorsión.
De acuerdo con información del investigador Romain Le Cour Grandmaison, entre 1980 y 1990 Michoacán se convirtió en un territorio estratégico dentro de la 'geopolítica' de las drogas al desempeñar un rol clave para su importación, producción y tráfico. Dichas condiciones eventualmente impactaron el balance económico y político-social del estado, toda vez que los grupos criminales se volvieron más organizados, racionalizaron su fuerza laboral e invirtieron masivamente en armamento y mecanismos de protección diseñados para controlar el narcotráfico.
"Inicialmente, los narcotraficantes trabajaban en paralelo con actores establecidos, entre ellos terratenientes, funcionarios electos, oficiales del ejército, caciques y élites económicas. Posteriormente, a partir de la década de 1990, a medida que aumentaban las ganancias del narcotráfico, los narcotraficantes comenzaron a luchar por una mayor independencia del patrocinio de las élites y por el control de territorios estratégicos y nuevos mercados legítimos", explica en un informe el también miembro de Global Initiative Against Transnational Organized Crime.
En ese sentido, al ser Michoacán uno de los mayores productores de aguacate, limón, bayas, madera y hasta minería -todas las cuales son actividades legales orientadas a la exportación internacional-, la región se convirtió atractiva y dependiente de las fluctuaciones en la demanda lícita e ilícita.
A dicho contexto, se sumó el impulso de reformas neoliberales en la agricultura y el recorte drástico de los programas públicos de apoyo para el sector lo que, según explica Romain Le Cour Grandmaison, abrió importantes oportunidades de ascenso social y posicionamiento político para los narcotraficantes, quienes para entonces contaban con grandes cantidades de dinero que necesitaban blanquearse.
"Durante este periodo, quienes habían logrado acumular capital, el cual se utilizó para cultivos ilícitos y los cultivos legales que a menudo sirven como pantalla, estaban en la mejor posición para invertir en el sector de exportación agroindustrial en rápida expansión, incluyendo oportunidades fuera de su municipio: en los valles irrigados de Apatzingán y las plantaciones de aguacate del área de Uruapan", apunta el informe.
Fue la capacidad de invertir de grupos criminales lo que favoreció su crecimiento económico y social en la región hasta que tanto las drogas como las mismas frutas y verduras -incluyendo el limón y el aguacate- se integraron a su dinámica criminal.
Los cárteles detrás de la extorsión a limoneros en Michoacán
Fue así como en los florecientes mercados de limón y aguacate -principalmente- se infiltraron actores criminales capaces de controlar territorios estratégicos mediante extorsiones y diferentes niveles de control social.
A inicios de los 2000, durante su violento proceso de expansión, Los Zetas buscaron consolidar su poderío en Michoacán a través del uso del terror, una violencia indiscriminada y extorsiones que eventualmente derivaron en un aumento de competencia entre grupos armados que intentaban mantener el control del territorio y sus economías criminales.
Dicha disputa dio origen a la Familia Michoacana, una organización delictiva que buscó unir a todos los traficantes regionales al tiempo que persiguió y refinó prácticas de extorsión a personas y empresas, especialmente del sector agrícola.
"En 2009 los líderes de la Familia convocaron a una reunión a productores de aguacate con fincas de más de cinco hectáreas. El cártel contaba con registros oficiales de productores de aguacate elaborados por la Secretaría de Agricultura de Michoacán. La reunión, a la que asistieron más de 300 productores, tenía como objetivo establecer los acuerdos de 'protección' del cártel y se proclamó una ruptura con la forma de operar de Los Zetas", describe Romain Le Cour Grandmaison en un informe publicado por Global Initiative Against Transnational Organized Crime.
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Las prácticas de extorsión que La Familia Michoacana integró y racionalizó como una supuesta "protección" fueron heredadas por una de sus escisiones más importantes: los Caballeros Templarios. Bajo el mando de Servando Gómez, La Tuta, dicho grupo criminal afirmaba combatir la extorsión, llegando incluso a ejecutar a mafiosos locales, no obstante y según apunta el investigador, en unos meses ya habían logrado establecer uno de los sistemas de extorsión más sofisticados de México.
Estimaciones del investigador señalan que para 2012, cuando los Caballeros Templarios alcanzaron su máximo auge, la superficie total cultivada en Michoacán era de 112 673 hectáreas. Suponiendo que lograran recaudar 2000 pesos mexicanos por hectárea, sus ingresos por extorsión habrían sido de 225 millones de pesos mexicanos anuales.
La detención de La Tuta no tuvo mayor impacto en el asedio extorsivo a agricultores en Michoacán pues con la reconfiguración del hampa michoacano nuevos grupos criminales buscaron apropiarse de dicha economía criminal. Actualmente, agencias de seguridad estadounidenses ubican a organizaciones como Cárteles Unidos o Los Viagras como los responsables de la extorsión en el estado.
"Los cárteles extorsionan rutinariamente a agricultores, empacadores y otros mexicanos involucrados en el proceso de cosecha y exportación de productos agrícolas como aguacates, exigiendo pagos obligatorios a través de afiliados del cártel. Cuando las víctimas no pueden o no quieren pagar, enfrentan el riesgo de violencia significativa a la propiedad o incluso la pérdida de sus vidas", describió el Departamento del Tesoro en una designación anunciada en contra de líderes criminales que operan en Michoacán.
Otro de los factores determinantes en Michoacán ha sido el avance del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) cuya intención por controlar municipios clave ha navegado en alianzas frágiles y disputas con otras organizaciones locales. Por ejemplo, la asociación entre Viagras y CJNG se ha presentado como el Cártel de Michoacán Nueva Generación, no obstante, en el pasado los Viagras también fueron parte de Cárteles Unidos, un conglomerado de grupos criminales que buscan frenar el avance del cártel de las cuatro letras.
El dinamismo de sus disputas ha dejado en medio a decenas de productores de limón y aguacate en Michoacán, quienes durante años han padecido los estragos de la infiltración del crimen organizado en sus fuentes de trabajo y en cada uno de los aspectos de su vida diaria.
ATJ
