La fiscalía estadunidense ha presentado una acusación por narcotráfico en contra del actual gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, así como otros nueve funcionarios estatales. Las autoridades norteamericanas aseguran que el mandatario estatal y los oficiales del estado colaboraron con el Cártel de Sinaloa para enviar droga a los Estados Unidos.
De acuerdo con el documento judicial, los señalados enfrentan cargos por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas de fuego. Las autoridades estadunidenses sostienen que los acusados habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa para facilitar la distribución de grandes cantidades de narcóticos hacia Estados Unidos.
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???? #ÚLTIMAHORA | Estados Unidos acusa por delitos vinculados al narcotráfico a Ruben Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y a otros nueve funcionarios mexicanos
— Milenio (@Milenio) April 29, 2026
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“Para proteger y que creciera su imperio de tráfico de drogas, se presume que el cártel ha colaborado con políticos corruptos y autoridades, incluyendo a los acusados, quienes han abusado de su autoridad para dar apoyo al cártel, han expuesto y sujetado a víctimas a amenazas y violencia y han vendido sus cargos a cambio de sobornos masivos. De hecho, ciertos oficiales de policía en México, incluyendo como se presume, a ciertos de los acusados, han participado directamente en la violencia y revanchas del cártel, incluyendo el asesinato de enemigos del cártel y asesinatos de individuos en México que se sospechaba que cooperaban con autoridades de EU en esta investigación”, señala Washington.
En la acusación también figuran:
- Enrique Inzunza Cázarez, exsecretario general de Sinaloa
- Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa
- Dámaso Castro Zaavedra, subfiscal General de la Oficina del Fiscal General del Estado de Sinaloa
- Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa
- Alberto Jorge Contreras Núñez, alias Cholo, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa
- Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa
- José Antonio Dionisio Hipólito, alias Tornado, exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa
- Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán
- Juan Valenzuela Millán, alias Juanito, excomandante de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán
El caso incluye señalamientos adicionales contra Valenzuela Millán, a quien se le imputan delitos relacionados con el secuestro de una fuente de la DEA y un familiar de esta, hechos que derivaron en la muerte de ambas personas.
Asimismo, el expediente incluye fotografías de la narconómina del cártel, en el que se registraba el pago mensual con el nombre en código de los señalados. Así, por ejemplo, el exvicefiscal Dámaso Castro era identificado como Culiacán Regio, con una cifra de 200 mil pesos. Mientras que R1 correspondía a Marco Almanza Avilés, ex jefe de policías de investigación de la Fiscalía estatal, a quien pagaban 300 mil pesos. Las pruebas fueron obtenidas en México, lo que implica que alguien con acceso a la contabilidad interna del cártel cooperó con la DEA.
El Departamento de Justicia de EU incluyó en su acusación al alcalde de Culiacán, Juan De Dios Gámez Mendívil. Según la información, durante su gestión, que comenzó en junio de 2022, ha recibido sobornos para ordenar a la policía municipal no interferir en las operaciones de Los Chapitos y, en general, no interferir en sus negocios criminales.
Según las autoridades estadunidenses, todos los imputados ocuparon cargos de alto nivel dentro del gobierno estatal o en corporaciones de seguridad, lo que habría permitido —de acuerdo a la fiscalía neoyorquina— establecer una presunta red de protección para las operaciones del Cártel de Sinaloa.
Los Chapitos ayudaron a Rocha Moya a ganar la gubernatura, acusa EU
Autoridades federales de Estados Unidos señalaron que el grupo criminal conocido como Los Chapitos habría intervenido en el proceso político que llevó al poder al actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, mediante presuntas acciones de intimidación y secuestro contra rivales políticos.
De acuerdo con el señalamiento, Rocha Moya asumió la gubernatura el 1 de noviembre de 2021 tras una elección en la que, según la acusación, integrantes del grupo delictivo habrían contribuido a su victoria. Entre las acciones descritas se encuentran la coacción de opositores para influir en el resultado electoral.
La investigación revelada por la fiscalía de Estados Unidos indica que en junio de 2021 Rocha Moya se reunió con Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López, mientras eran protegidos por sicarios del cártel armados con ametralladoras.
“Iván y Ovidio prometieron que Los Chapitos se asegurarían que Rocha Mota ganara la elección para el gobierno. A cambio, Rocha Moya prometió a los líderes de Los Chapitos que, si era electo, se aseguraría de que oficiales cercanos al tráfico de drogas de Los Chapitos serán colocados en posiciones de autoridad en el gobierno de Sinaloa”, señala la acusación.
“Para apoyar la elección de Rocha Moya, los líderes de Los Chapitos, entre otras cosas, ordenaron a Los Chapitos robar urnas con votos para los oponentes de Rocha Moya, y secuestrar e intimidar a candidatos opositores”.
Según estas versiones, ya como gobernador, Rocha Moya habría permitido que el grupo operara con impunidad en el estado, facilitando la distribución de grandes cantidades de drogas hacia Estados Unidos.
En su victoria electoral, Rubén Rocha también contó con el apoyo de Enrique Díaz Vega, un empresario sinaloense que después fue secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa en la gestión de Rocha Moya hasta septiembre de 2024.
Díaz Vega es acusado de ser uno de los enlaces entre el gobernador y Los Chapitos, además de haber facilitado la contratación de funcionarios vinculados con el Cártel de Sinaloa.
“Previo a la elección de gubernatura de junio de 2021 en Sinaloa, en la que Rocha Moya fue electo gobernador, Díaz Vega entregó los nombres y direcciones de los oponentes de Rocha Moya a Los Chapitos, para que Los Chapitos pudieran amenazarlos y forzar a los oponentes a dejar la carrera por la gubernatura”, asegura la acusación.
Hasta el momento, no se han difundido respuestas oficiales del mandatario ni de su administración respecto a estos señalamientos, los cuales forman parte de acusaciones presentadas en cortes estadunidenses y que deberán ser probadas en el marco del debido proceso.
El proceso fue asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han emitido una postura oficial sobre estos señalamientos.
Policías y fiscales, en la nómina del cártel
La causa judicial indica que, además del poder político y la protección institucional, Los Chapitos lograron hacerse del control de la fiscalía y la policía estatales, así como de la policía local de Culiacán.
Así, los hijos del Chapo Guzmán se aseguraban de que no fueran investigados, arrestados o perseguidos, recibían información sensible de otras autoridades y del ejército para facilitar sus operaciones, podían andar libremente por las calles portando armas y lograban que la policía estatal, la fiscalía del estado y la Policía Municipal de Culiacán protegieran centros de almacenamiento de droga y permitieran hechos violentos contra enemigos del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con esta versión, Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal de Sinaloa, recibía unos 11 mil dólares mensuales, más de 200 mil pesos, por dar protección a los hijos del Chapo Guzmán y evitar que fueran arrestados por autoridades en operativos que contaban con el apoyo de inteligencia entregada directamente desde Washington.
La infiltración de Los Chapitos era tal que los policías actuaban como sus sicarios. Juan Valenzuela Millán, un comandante de la Policía Municipal de Culiacán, es señalado directamente como un pistolero más de Los Chapitos a cambio de un pago mensual de mil 600 dólares, unos 30 mil pesos. Así, Valenzuela incluso habría participado en el asesinato de un informante de la DEA que estaba vinculado al caso de Rubén Rocha y sus aliados.
“Millán dio a Los Chapitos acceso sin restricciones a la Policía Municipal de Culiacán y usó a oficiales de la policía para ayudar a Los Chapitos a mantener control sobre Culiacán, incluyendo a través de arrestos, secuestro y asesinatos. Cerca de octubre de 2023 Millán presuntamente ayudó a Los Chapitos a secuestrar a una fuente confidencial de la DEA y a un familiar de la fuente, a quienes los Chapitos torturaron y asesinaron porque se sospechaba que la fuente estaba dando información al gobierno en conexión con esta investigación”, señala EU.
Marco Antonio Almanza Avilés, exdirector de la Policía de Investigación de Sinaloa, es acusado de recibir sobornos de Los Chapitos para obtener protección y para que se emitieran órdenes de arresto en contra de enemigos de la facción de los Guzmán Salazar y los Guzmán López. Almanza dejó el cargo en 2022 y fue sucedido por Alberto Contreras Núñez, quien estuvo en la posición hasta febrero de 2026, y de igual forma se habría alineado con Los Chapitos.
“Entre otras cosas, Contreras Núñez ordenó la liberación de miembros de Los Chaptios que habían sido arrestados por sus actividades de tráfico de drogas dentro de Sinaloa”, acusan los fiscales estadunidenses.
El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mélica Sánchez, también está acusado por narcotráfico. Desde septiembre de 2023 y hasta diciembre de 2024, mientras estuvo en el cargo, habría dado información sensible a Los Chapitos para que se previnieran de redadas contra laboratorios clandestinos.
Finalmente, José Antonio Dionisio Hipólito, subdirector de la policía de Sinaloa entre 2017 y 2022, y bajo el alias de Tornado, es acusado por estar en la nómina de Los Chapitos. Antes, durante y después de su cargo como subdirector, siempre formando parte de la policía estatal, ha facilitado las operaciones de Los Chapitos en el estado, además de haber permitido la instalación de oficiales corruptos y que operaban bajo el amparo de los hijos del Chapo Guzmán.
En caso de ser arrestado y enjuiciado y después encontrado culpable, Rubén Rocha podría enfrentar hasta prisión de por vida, al igual que el resto de los acusados.
Como parte de la evidencia del caso, la fiscalía cuenta con varios aseguramientos de cocaína, fentanilo, heroína y metanfetamina realizados en ciudades como Phoenix, Arizona, y otras al sur de California.
Uno de los aseguramientos en Arizona contaba con estampas en las que se leía Chapiza y Ratón, uno de los nombres para hablar de Los Chapitos y el apodo de Ovidio Guzmán López, líder de la célula criminal, respectivamente.
Washington también cuenta con una lista de pagos de sobornos que se hacían mensualmente, y que perteneció a un jefe de plaza de Los Chapitos en Culiacán, Sinaloa, donde se hace referencia a Culiacán Regio, R1, Tornado y Juanito, quienes según EU son identificados por cargo o por apodo como Dámaso Castro, vicefiscal de Sinaloa; Marco Almanza, exdirector de la Policía de Investigación de Sinaloa; Alberto Contreras, también exdirector de la policía investigadora sinaloense; José Antonio Dionisio, subdirector de la policía de Sinaloa; y Juan Valenzuela, comandante de la Policía Municipal de Culiacán.
¿Quién es Rubén Rocha Moya y cuál ha sido su trayectoria política?
Rubén Rocha Moya es un político sinaloense con una larga trayectoria en la vida pública, actualmente gobernador del estado desde 2021 por el partido Morena.
Su perfil se distingue por un origen académico, ya que fue maestro, investigador y rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa antes de consolidar su carrera política como diputado, senador y finalmente mandatario estatal.
Su gobierno se inscribe dentro del proyecto de la llamada Cuarta Transformación, con énfasis en políticas sociales y educativas, aunque su administración también ha estado marcada por desafíos importantes, principalmente en materia de seguridad y gobernabilidad en un contexto complejo como el de Sinaloa.
LG
