Por unanimidad, el Pleno del Congreso local aprobó una reforma contra el acoso escolar, estableciendo que, en el supuesto de que los maestros tengan conocimiento de un posible delito “potencial”, den vista al Ministerio Público para que investigue.
La reforma, a la Ley para prevenir, atender y erradicar el acoso y la violencia escolar, impulsada por el PAN, refuerza los principios y criterios desde la perspectiva de la cultura de la paz en las escuelas.
“Los docentes deben ser capacitados para reconocer y responder ante el acoso escolar, pues son la primera autoridad en las aulas y tienen la responsabilidad de garantizar el bienestar de los estudiantes”.
“La propuesta es necesaria, derivado de lo ocurrido en la Universidad Tec Milenio, se puede suponer que incurrieron en el acoso, violencia escolar y probables conductas constitutivas de hechos punibles, los que se encuentran contemplados en el Código Penal, compilación de delitos que establece tanto definiciones como sanciones, entre todo ello también establece lo que puede ser equiparable”, se lee.
A favor del dictamen hablaron Perla Villarreal, presidenta de la Comisión de Educación, dijo que el acoso escolar es un problema que se ve de manera cotidiana.
“La iniciativa propone establecer con claridad que, al tener conocimiento de estos hechos, las y los docentes deberán seguir los protocolos de actuación previstos en la ley, y en caso de que la conducta pueda constituir un delito, deberán informar al Ministerio Público”.
“No podemos permitir más incidentes que, por culpa de la omisión de las autoridades escolares, se convierta en una tragedia, votemos a favor del presente dictamen y fortalezcamos los mecanismos de vigilancia dentro de las escuelas”, señaló.
Claudia Caballero, diputada local del PAN, consideró necesario que se hagan capacitaciones continuas para los docentes y el personal administrativo de los planteles educativos.
“Cuando el docente o autoridad escolar que siendo testigo o tenga conocimiento de acoso escolar o de una posible conducta delictiva, que afecte el correcto desarrollo integral de las y los estudiantes, seguirá el procedimiento establecido en la presente Ley, y en caso de que la conducta pueda constituir un hecho delictivo, se deberá hacer del conocimiento del Ministerio Público”, finalizó.
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