Supongamos que necesito renovar la licencia de manejo, pero, al llegar a la oficina donde solía realizar este trámite, desapareció la ventanilla responsable de atenderme. ¿Debería ser esta una razón para no volver a manejar?
Pues un absurdo similar le ocurrió al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Durante veintitrés años esa organización ha realizado importantes investigaciones de carácter científico. Es una de las voces más reputadas en el análisis de presupuestos, gasto y finanzas públicas. También ha sido referente en temas de corrupción, transparencia, educación y género. Obviamente destacan sus trabajos sobre competitividad.
Al IMCO se le respeta por su seriedad metodológica. Los usuarios de su información podemos atestiguar que tiene los estándares más elevados.
El IMCO se financia gracias a donativos deducibles de impuestos. Es por tanto una organización registrada ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Antes del año 2022, el IMCO estaba obligado a inscribirse también en el padrón nacional de instituciones y empresas científicas y tecnológicas, a cargo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Ese registro era uno de los documentos requeridos para renovar su estatus de donataria autorizada.
Sin embargo, la reforma que dio origen a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación olvidó determinar cuál sería la ventanilla que en adelante habría de validar el trabajo científico de las organizaciones.
Cuando el IMCO acudió a la nueva secretaría, ahí le entregaron un documento similar al anterior. Sin embargo, al presentarlo, el SAT no dio por bueno ese papel.
Esta fue la razón por la que le arrebataron el estatus de donataria autorizada. Este caso no es único: entre 2025 y 2026 trescientas treinta y seis organizaciones fueron canceladas del listado del SAT.
Entre estas, además del IMCO, se encuentran otras protagónicas del debate público crítico como México Evalúa o Mexicanos Contra la Corrupción.
Tan evidente arbitrariedad conduce a asumir que esta no fue una decisión técnica, como dicen los voceros del SAT, sino una deliberadamente política.
La trampa se confeccionó cuando se exigió un requisito imposible de cumplir.
Zoom: en un país con estado de derecho, el IMCO podría defenderse solicitando un amparo. El problema es que ya no vivimos en ese país sino en otro donde los jueces del acordeón podrían ser cómplices de la injusticia.
