Con 418 votos a favor y 35 abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación para dar a los contribuyentes la libertad de elegir la modalidad para garantizar el pago de créditos fiscales.
El ordenamiento todavía vigente establece la obligación de garantizar la cobertura de dichos adeudos con un billete de depósito emitido por institución autorizada o, en ese orden, con carta de crédito, un bien en prenda, fianza otorgada por institución autorizada, obligación solidaria asumida por tercero o embargo en la vía administrativa de negociaciones, bienes muebles tangibles e inmuebles.
La reforma fue enviada al Senado de la República para continuar el proceso legislativo corrige esa disposición.
“El dictamen establece que las y los contribuyentes podrán elegir libremente la modalidad de garantía del interés fiscal que mejor se adapte a su situación, lo que elimina la rigidez actual que impone un orden obligatorio y la carga de acreditar su capacidad económica (…). Esto corrige distorsiones operativas que en la práctica generan costos adicionales, al tiempo que reduce cargas administrativas y evita la inmovilización innecesaria de recursos por parte de las y los contribuyentes”, expuso el morenista Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda, al fundamentar el dictamen.
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No obstante, el diputado Homero Niño de Rivera, del PAN, subrayó que la Secretaría de Hacienda y Morena solo están corrigiendo un error de hace tres meses, pues lo que hicieron fue apretar a los contribuyentes de una manera irracional.
“A mí me late que tenía un destinatario que su nombre empieza con R de Ricardo y termina con S de Salinas, pero el caso es que están haciendo el ridículo y nos dieron la razón”, puntualizó.
El legislador Yericó Abramo, del PRI, coincidió en que la obligación impuesta a quienes mantienen créditos fiscales fue una venganza política más que una búsqueda del pago fiscal.
“Hoy, qué bueno que la venganza queda fuera de la ley, y que la ley tiene que funcionar con igualdad para todas y para todos”, añadió.
Al respecto, el diputado José Antonio López, del PT, aseguró, sin embargo, que no fue una venganza, sino una estrategia para recuperar parte de los adeudos fiscales del referido empresario.
“Aquí hago un pequeño paréntesis: ni con ventaja ni con venganza; se llamó estrategia y nos dio 60 mil millones de pesos más, y ustedes saben a quién. Lo hacemos con claridad y responsabilidad, y con una convicción firme: fortalecer el sistema fiscal mexicano no significa imponer cargas innecesarias, sino construir reglas claras, más justas y más eficientes para las personas contribuyentes”, dijo.
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En representación de Morena, la diputada Claudia Rivera subrayó que la reforma elimina un esquema rígido, burocrático y anacrónico que obligaba a los contribuyentes a garantizar el interés fiscal bajo un orden predeterminado, comenzando por el depósito en efectivo, sin importar su realidad económica.
“Con esta reforma se reconoce el derecho del contribuyente a elegir libremente la modalidad de garantía de mejorar y la que mejor se adapte a su situación”, expuso.
La propuesta presidencial establece la libre elección de la persona contribuyente entre las distintas modalidades de garantía previstas en dicho artículo y elimina la carga de demostrar documentalmente la imposibilidad de garantizar en cada modalidad anterior.
“En efecto, la diversidad de los perfiles económicos de los obligados fiscales indica que debe concederse a la persona contribuyente que garantice su adeudo de la forma que le resulte más accesible dada su situación particular”, señala la exposición de motivos.
Así, la obligación de garantizar el pago se mantiene íntegra, pero se restituye la flexibilidad del instrumento a través del cual esa obligación se debe cumplir, en beneficio tanto de la persona contribuyente como de la efectividad del sistema recaudatorio.
Aprueban reformas para agilizar juicios en materia administrativa y tributaria
La Cámara de Diputados aprobó con 331 votos a favor y 120 en contra las reformas y adiciones a la Ley Federal del Proceso Contencioso Administrativo para garantizar justicia pronta, completa, imparcial y accesible en materia administrativa y tributaria, estableciendo un plazo máximo de seis meses para la resolución en juicios por la vía sumaria.
“Significa que cualquier ciudadana o ciudadano que impugne una multa, una resolución fiscal, una sanción administrativa o la negativa de un derecho, tendrá una respuesta en un tiempo razonable. Significa que la justicia deje de ser sinónimo de desgaste, de espera interminable y de costos innecesarios”, expuso el legislador morenista Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Justicia en el Palacio de San Lázaro.
El proyecto fue devuelto con modificaciones para su análisis al Senado de la República.
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