Han sido de corta vida. De sólo un año de existencia. Obtienen el registro como fuerza política nacional un año antes de los comicios federales y tienen una caducidad de 12 meses. Son los partidos efímeros.
De la elección de 2000 a la de 2024, nueve de estos partidos aparecieron y desaparecieron de la noche a la mañana. Algunos con nombres rimbombantes, como Partido Humanista o México Posible. Otros con dirigentes de peso político nacional, como Manuel Camacho Solís o Gilberto Rincón Gallardo.
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Una investigación de MILENIO muestra que la suma total de recursos públicos que se destinaron a estos partidos en ese lapso, casi un cuarto de siglo, fue de mil 193 millones de pesos. Eso como consecuencia de que las prerrogativas a las fuerzas políticas de reciente creación y efímera vida se duplicaron en los últimos 25 años.
El Instituto Federal Electoral (IFE), comandado por José Woldenberg entre 1996 y 2003, repartió una suma de más de 64 millones de pesos a cada uno de los cinco partidos de reciente creación en 1999: Convergencia por la Democracia, Partido del Centro Democrático (PCD), Partido de la Sociedad Nacionalista (PSN), Partido Alianza Social (PAS) y Democracia Social.
Para participar en aquellos comicios las exigencias eran, entre otras y además de contar con declaración de principios, programa de acción y estatutos: la realización de al menos 20 asambleas estatales con un mínimo de 3 mil afiliados en cada; reunir el equivalente al 0.26 por ciento del padrón electoral nacional, que en 1999 eso significaba unos 143 mil afiliados —había un padrón electoral nacional de 55 millones de ciudadanos—, e informar mensualmente el origen y destino de los recursos obtenidos y ejercidos.
Para los comicios de 2021, el Instituto Nacional Electoral (INE), encabezado por Lorenzo Córdova en el periodo 2014-2023, destinó entre 185 y 199 millones de pesos a tres nuevos partidos políticos. Los tres perdieron el registro en la elección de ese año al no alcanzar el mínimo requerido de tres por ciento de la votación de la lista nominal de electores: el Partido Encuentro Solidario (PES), Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas (RSP).
Este análisis de datos adquiere relevancia porque en marzo de 2026 las autoridades electorales anunciarán qué nuevas fuerzas políticas obtienen registro para competir en los comicios federales de 2027. Por disposiciones legales, los nuevos jugadores tendrán que participar por su cuenta, sin sumarse a alguna alianza. Sólo sobrevivirán los partidos que obtengan más del tres por ciento de los votos.
Partidos con dueños muy oportunistas siguen vivos
Tras la reforma electoral de 1996 y luego de estrenarse el modelo de otorgamiento de registro a nuevos partidos políticos, las prerrogativas a las fuerzas políticas de reciente creación también cimentaron el camino a partidos con liderazgos unipersonales y que sólo han subsistido gracias a sus alianzas con los llamados “partidos grandes”.
Son los casos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), propiedad de la familia González-Torres-Martínez; el Partido del Trabajo (PT), de Alberto Anaya Gutiérrez, y Movimiento Ciudadano (MC), antes Convergencia por la Democracia, de Dante Delgado Rannauro.
Las fuerzas políticas que han sobrevivido en la marginalidad, principalmente a través de alianzas, han absorbido más dinero público que las aves de paso, pero los más chiquillos también salen caros.
Para dimensionar el impacto social de este presupuesto, mil 193 millones de pesos alcanzarían para realizar dos millones de estudios para la detección temprana del cáncer de mama o construir cuatro mil viviendas de bajo costo. Muchas mujeres pudieron haber recibido un diagnóstico oportuno y salvar sus vidas; un tropel de damnificados de desastres naturales habrían sido beneficiados con esta tajada.
Además, están los casos de las agrupaciones políticas que mantuvieron su registro sólo por tres años y que se metieron a la bolsa sumas millonarias de recursos públicos durante su existencia en el régimen de partidos políticos.
La opción confesional: breve pero lucrativa
Hay apuestas que duran poco, aunque más de un año. El Partido de la Sociedad Nacionalista (PSN), de la familia Riojas Santana, por ejemplo, recibió su registro como fuerza política nacional en 1999. En los comicios de 2000 concretó una alianza que encabezó el extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD) y logró mantener su registro.
Ya para las elecciones federales intermedias de 2003 fue solo a esos comicios y no logró alcanzar el dos por ciento que en ese entonces requería la ley electoral para mantener el registro como partido político, sin embargo, en esos cuatro años, el PSN se embolsó una suma total de 484.9 millones de pesos.
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A esa misma alianza se sumó el Partido Alianza Social (PAS), de origen sinarquista, que también conservó su registro durante cuatro años (1999-2003) y se llevó en ese lapso una suma de 477.5 millones de pesos.
Un caso aparte es el de los partidos de corte confesional que ha conformado el político-evangelista Hugo Éric Flores Cervantes, hoy diputado federal por Morena. En 2014 obtuvo el registro de su organización denominada Partido Encuentro Social (PES).
Entre 2014 y 2018 —periodo en el que fue aliado de Morena, pero perdió el registro al no haber obtenido el tres por ciento de los votos que establece la ley electoral vigente—, la formación partidista de Flores Cervantes se embolsó un monto de mil millones de pesos.
Una vez que perdió el registro en las elecciones de 2018, Flores Cervantes se dio a la tarea de conseguir de nuevo el aval del INE para la conformación de un nuevo partido, ahora con el nombre de Partido Encuentro Solidario (cuyas siglas también forman PES).
Encuentro Solidario cumplió los requisitos que establece la normatividad electoral y obtuvo su registro en 2020. Compitió en las elecciones federales intermedias del año siguiente, en 2021, y no alcanzó los sufragios necesarios. Sin embargo, en esos dos años se llevó una bolsa de 199.8 millones de pesos.
Hoy Flores Cervantes busca el registro para un nuevo partido, ahora con el membrete de ‘Construyendo Solidaridad y Paz’.
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Pluralidad onerosa: juegan, pierden, pero ganan dinero
La reforma electoral de 1996 abrió las puertas a la pluralidad. En los comicios federales de 2000, los de la alternancia en el poder, fueron a las urnas 11 opciones políticas. Siete fueron en coalición y el resto caminó solo.
Los resultados electorales dejaron a dos fuerzas políticas sin registro, las cuales habían obtenido el aval del entonces IFE un año antes, en 1999: Democracia Social y el Partido del Centro Democrático (PCD), respectivamente de Gilberto Rincón Gallardo y Manuel Camacho Solís, ambos fallecidos. La suma de prerrogativas que obtuvieron en esa etapa fue de 64.5 millones de pesos por partido.
Para 2003, en la elección federal intermedia del sexenio de Vicente Fox, también compitieron en las urnas 11 fuerzas políticas. Tres de ellas, que habían conseguido su registro un año antes, el Partido Fuerza Ciudadana (PFC), México Posible y el Partido Liberal Mexicano (PLM), se embolsaron, en conjunto, 335.6 millones de pesos.
EL DATOPartidos políticos en 2021
En la última elección federal intermedia, la de 2021, la erogación destinada a partidos políticos con nuevo registro ascendió a 571.6 millones de pesos.
El Partido Encuentro Solidario (PES), de Flores Cervantes, obtuvo una bolsa entre 2020 y 2021 de 199.8 millones de pesos.
Fuerza por México, de Gerardo Islas Maldonado y de Pedro Haces Barba, tuvo una votación del 2.47 por ciento en esos comicios. Los sufragios alcanzados en las urnas no fueron los suficientes para permanecer en el espectro electoral, pero en ese año ese partido efímero se metió a la bolsa un monto de 161.9 millones de pesos de recursos públicos, más 24.4 millones de pesos un año antes (2020), cuando obtuvo el registro.
Redes Sociales Progresistas (RSP), organización de ex dirigentes magisteriales cercanos a Elba Esther Gordillo, también alcanzó su registro en 2020 y lo perdió en la elección de 2021, al obtener sólo el 1.7 por ciento de los sufragios. En ese periodo, los dirigentes nacionales de esa fuerza política, que conserva su registro local en Chiapas, Durango, Tlaxcala, Nayarit y Morelos, recibieron 185.9 millones de pesos entre 2020 y 2021.
El negocio de muchas organizaciones políticas radica en obtener su registro, jugar en la cancha electoral, perder y llevarse sus buenos millones. A partir de marzo de 2026 veremos quiénes serán los nuevos chiquillos que se subirán al brincolín de 2027.
EHR
